El jefe de Fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, explicó los alcances de la reunión mantenida con autoridades policiales, defensores públicos y representantes de la Asesoría de Familia para establecer criterios comunes frente al nuevo régimen penal juvenil. Advirtió que actualmente no existen en la ciudad espacios ni personal especializado suficientes para alojar a menores privados momentáneamente de su libertad.

El jefe de Fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, se refirió a la reunión desarrollada en la Unidad Regional, de la que participaron los jefes de las distintas comisarías, autoridades policiales, la doctora Suárez, defensores públicos penales y representantes de la Asesoría de Familia.

El encuentro tuvo como principal objetivo establecer criterios uniformes de actuación frente a situaciones que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años, en el marco del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil.

Olazábal explicó que uno de los principales desafíos es la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores detenidos. “No contamos con la infraestructura y las condiciones necesarias para mantener a menores en situación de detención”, señaló.

En ese contexto, indicó que se acordaron parámetros de actuación comunes para responder de manera rápida y coordinada ante los distintos conflictos que puedan surgir, además de determinar cuándo resulta necesaria la intervención de otros organismos del Estado.

El jefe de Fiscales remarcó que, una vez que interviene el sistema de justicia penal, las medidas de protección no quedan exclusivamente bajo la órbita de la Justicia Penal, sino que deben ser abordadas por los organismos especializados en niñez y familia.

“Hay organismos especializados y serán ellos quienes tendrán la responsabilidad de determinar qué medidas se toman con ese menor y al cuidado de quién van a permanecer”, explicó.

Falta de personal especializado

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el rol del personal policial. Según explicó Olazábal, la normativa establece que los menores deben permanecer bajo la supervisión de personal especializado.

“La ley establece que tiene que ser personal especializado. Hoy por hoy no contamos con este personal. Entonces, con el recurso que tenemos, ¿cómo vamos a aplicar la ley? Es una norma vigente y estamos obligados a hacerlo”, sostuvo.

La falta de espacios específicos para alojar a adolescentes privados de su libertad también fue uno de los principales temas de discusión.

Durante el encuentro surgieron propuestas para utilizar eventualmente dependencias como la Comisaría de la Mujer o espacios vinculados a la Policía Comunitaria. Sin embargo, Olazábal indicó que la Fiscalía rechazó la posibilidad de utilizar la Comisaría de la Mujer debido al nivel de conflictividad relacionado con situaciones de violencia familiar que se registra en la ciudad.

También señaló que desde la Unidad Regional se informó que los lugares destinados específicamente al alojamiento de menores privados momentáneamente de su libertad no dependen del Ministerio de Seguridad, sino de otra área del Poder Ejecutivo.

Evaluarán medidas alternativas

Ante la ausencia de espacios adecuados, una de las alternativas que ya comenzó a implementarse es el traslado del menor a su domicilio y la realización posterior de la audiencia de control.

Olazábal recordó que esta modalidad fue aplicada en el primer caso registrado bajo el nuevo sistema, cuando un juez penal dispuso que el adolescente fuera trasladado a su domicilio para luego realizar la audiencia correspondiente.

Además, explicó que se analiza la posibilidad de realizar audiencias de control de detención de manera telemática en aquellos casos considerados de menor gravedad.

“Dependiendo también de la gravedad del delito, si se trata de delitos de baja lesividad, podemos hacer los controles de detención telemáticamente”, indicó.

Según sostuvo, esta alternativa permitiría acelerar los procedimientos y, al mismo tiempo, reducir las responsabilidades y riesgos que recaen sobre el personal policial cuando un menor permanece en una dependencia.

“No hubo un aumento de menores en conflicto con la ley penal”

Consultado sobre si en los últimos tiempos se registró un incremento de hechos delictivos protagonizados por menores, Olazábal descartó que exista un aumento significativo.

“El parámetro siempre ha sido el mismo”, afirmó.

Explicó que antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen, determinados hechos de baja lesividad protagonizados por adolescentes —como daños o peleas callejeras entre estudiantes— no quedaban comprendidos dentro del sistema penal.

En ese sentido, aclaró que la implementación del nuevo régimen no responde a un incremento reciente de la delincuencia juvenil, sino a un cambio en el marco legal y en la forma en que deben abordarse determinadas situaciones protagonizadas por menores de edad.